El ex alcalde de la provincia General Sánchez Cerro, Mauricio Nina Juárez, fue sentenciado a dos años de pena privativa de la libertad con carácter de suspendida por el delito de peculado.

Nina Juárez y un grupo de sus funcionarios fueron procesados pagos indebidos a trabajadores que no laboraron para la comuna provincial.

El fiscal Reynaldo Cuayla Mamani demostró que en las obras de construcción de los canales La Retama y Manzanayo se realizó un supuesto pago a un grupo de 8 trabajadores que nunca participaron de la obra.

Otra de las irregularidades encontrada durante la investigación fiscal fue el incremento sin justificación técnica alguna del presupuesto asignado para las obras.

Por tales, pruebas, el juez unipersonal Ramiro Alí además dispuso para la ex autoridad edil  pagar una reparación civil de 2,250 soles a favor de la entidad edil.

En tanto sus ex funcionarios fueron absueltos, debido a que no se les encontró responsabilidad.

El fiscal Cuayla informó que esta condena es benogna, porque se había planteado castigar con una pena de 5 años de cárcel, razón por la que apelará.

El alcalde provincial de Mariscal Nieto, Alberto Coayla Vilca sostuvo estar preocupado por las consecuencias que se pueden generar luego de la aprobación de los proyectos de leyes enviados por el Ejecutivo al Congreso respecto del Impuesto Especial, Gravamen y Regalías Mineras.

Coayla Vilca sostuvo que tiene la firme esperanza de que el presidente Ollanta Humala observe las leyes aprobadas, pues todo indica que han obedecido a consignas partidarias antes que el interés nacional y/o regional.

“Que el presidente reflexione y tome en cuenta el trato especial  y protección que le brindó la comunidad de San Cristóbal cuando tuvo que refugiarse durante el gobierno de Fujimori”.

Además, exigió mucha cautela y serenidad, de modo que el pueblo de Moquegua esté preparado ante cualquier circunstancia, luego de que se agoten las gestiones por parte de los presidentes regionales y alcaldes ante el gobierno central. El pueblo sabrá responder a lo que se resuelva, aseveró.

A siete años y diez meses de prisión sentenció el Poder Judicial a Segundo Leoncio Cotrina Pinedo (45) , responsable del delito de Tenencia Ilegal de Armas.

El caso a cargo del Fiscal Provincial del Quinto Despacho de Investigación Penal de la Fiscalía Penal Corporativa de Mariscal Nieto, Víctor Muñoz Leyva, finalizó vía terminación anticipada, una vez que el inculpado aceptó los cargos imputados por el Ministerio Público. Así se llegó a un acuerdo en la pena y se simplificó el proceso, que a su vez fue aprobado por el juez que dictó sentencia.

Cotrina Pinedo fue detenido por efectivos de la Policía Nacional en en el Terminal Terrestre cuando estaba por abordar un bus de la empresa Civa que tenía como destino Lima.

Ante su actitud sospechosa, la Policía lo intervino y halló un revólver cargado que estaba fijado en su tobillo con cinta adhesiva así como 12 municiones también adheridas a su cuerpo.

A Cotrina también se le juzgó por uso de documento falso, pues para adquirir el boleto de viaje a Lima presentó un documento de identidad falso. Además ya tenía antecedentes por el delito de tenencia ilegal de armas y había cumplido condena en Chimbote.

Cabe indicar que desde su intervención Cotrina fue internado preventivamente en el reclusorio de Samegua mientras duraban las investigaciones.

Los trabajadores que participan en la ejecución de la obra de construcción de la represa Chirimayune, en el distrito Ichuña,  provincia Sánchez Cerro, paralizaron sus actividades en rechazo al despido de un grupo de sus compañeros.

Wilbert Rodríguez, delegado de los obreros indicó que el conflicto se inició cuando el nuevo ingeniero residente, Carlos Hurtado, empezó a separar a 15 de sus compañeros.

El subgerente de obras del Gobierno Regional, René Zapana Barrientos justificó el despido señalando que la decisión fue tomada debido a que algunos trabajos de albañilería y carpintería han sido paralizados momentáneamente.

El pleno de regidores de la municipalidad provincial de Mariscal Nieto presididos por el alcalde Alberto Coayla Vilca se desplazará hasta el distrito San Cristóbal para desarrollar mañana desde las 8.00 horas la primera sesión ordinaria de consejo descentralizada.

La agenda de la sesión incluye ocho temas referidos a la firma de convenios de transferencia financiera para ejecución de obras en los distritos Carumas, Cuchumbaya y San Cristóbal, como la construcción del reservorio Ticonani (Calacoa), la ficha técnica de mantenimiento de  la carretera Chilligua Carumas (Carumas), el mantenimiento y construcción de la infraestructura de riego del canal interno y reservorio de la localidad de Sijuaya (San Cristóbal) y el mantenimiento de la infraestructura de riego de Pakagua-Sacuaya (Cuchumbaya).

Además se abordará sobre la firma de convenios de Cooperación Interinstitucional entre la comuna provincial y el Jurado Nacional de Elecciones, el Ministerio de Cultura, además con las direcciones de Salud y Educación y el Hogar Belén, en este último caso para el funcionamiento de un comedor infantil.

En el asiento minero de Toquepala, la empresa Southern Perú realizó la audiencia de presentación del  Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de su proyecto de ampliación de su concentradora, pese a que en Tacna la población acataba un paro.

 Ante esto, las autoridades y organizaciones sociales desconocieron esta audiencia y exigen al ministerio de Energía y Minas anular su validez de este acto.

En una conferencia por la noche, Tito Chocano, presidente regional de Tacna, dijo que pedirá a Souther que construya un hospital para Tacna y financie el proyecto de ampliación agrícola, como compensación al pasivo ambiental que deja su operación.